Q.F.B. JOSE DEL CARMEN ESCAYOLA CAMACHOPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTEDEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.P R E S E N T E. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican más de 50 millones de interrupciones de embarazo en el mundo. De éstas, 20 millones se realizan en condiciones inseguras y provocan la muerte de 78 mil mujeres.
Casi la totalidad de las muertes asociadas al aborto inseguro ocurren en regiones y países con altos niveles de pobreza y marginación social. En los países desarrollados, el riesgo de morir por complicaciones en la interrupción de embarazo es de 1 por cada 3,700 procedimientos, mientras que en los países en vías de desarrollo el riesgo es mucho mayor, de 1 por cada 250 procedimientos.
En los países desarrollados, las leyes permiten el aborto por razones amplias, y las mujeres tienen acceso a servicios de salud y asistencia profesional que garantiza procedimientos de interrupción del embarazo eficientes y seguros. En contraste, la mayoría de los países en desarrollo tiene legislaciones restrictivas que permiten el aborto sólo en algunas circunstancias, o bien lo prohíben expresamente en códigos y ordenamientos jurídicos.
En la mayoría de los países con desarrollos social y democrático más avanzados, existen siete razones por las cuales una mujer puede acceder a un aborto legal: por violación o inseminación artificial no consentida; por afectación grave a la salud de la mujer; por peligro de muerte de la mujer embarazada; por culpa o imprudencia; por malformaciones genéticas ó congénitas del producto y por razones socioeconómicas.
En México, la interrupción del embarazo es aún considerada como un problema de salud pública. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a nivel nacional se realizan anualmente 200 mil abortos, en los que mueren cerca de 2 mil mujeres.
Ocurren, además, más de 800 mil nacimientos no deseados en el país. Del universo de las mujeres que abortan, 26 por ciento se ubica en el rango de edad de entre 15 y 20 años, 30 por ciento en el de 21 a 25 años y 25 por ciento en el de 26 a 30 años. De igual forma, 34 por ciento de las mujeres aborta por razones económicas, 12 por ciento por problemas conyugales, 9 por ciento por problemas familiares y 5 por ciento por problemas de salud.
El aborto también representa un problema social, ya que retrata las diferencias sociales que existen entre las mujeres: las que tienen suficientes medios económicos para practicarse una interrupción en condiciones seguras no arriesgan su salud ni su vida, mientras que las que no cuentan con estos medios recurren a clínicas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo, con los riegos asociados que esta situación implica.
En nuestro país, adicionalmente, sólo la causal por violación se encuentra vigente en todas la entidades federativas. Con respecto a las demás causales médicas y sociales, éstas se localizan en los diferentes códigos penales locales, pero tienen un tratamiento dispar. En términos generales, se puede afirmar que en la mayoría de las entidades federativas del país no está permitida la interrupción del embarazo.
Por las razones anteriormente expuestas, el 24 de abril de 2007 el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, ambos del Distrito Federal.
Dichas reformas despenalizaron la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación y establecieron la obligación de las instituciones de salud del Distrito Federal para proporcionar apoyo médico necesario para el caso, además de promover y fomentar medidas de formación y difusión sobre la salud sexual y reproductiva.
Se trató, adicionalmente, de una legislación de vanguardia que colocó en el centro del debate la libertad de las mujeres y su derecho a decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos. Importante señalar que la legislación aprobada se complementó con acciones concretas en materia de educación sexual, difusión masiva de información y la promoción de diversas opciones para la madre.
A un año de su entrada en vigor, han acudido a solicitar el servicio más de doce mil mujeres que accedieron, en primera instancia, a la información suficiente para tomar una decisión responsable. De las solicitantes, cuatro mil eligieron continuaron con su embarazo, mientras que las ocho mil restantes optaron por el procedimiento de suspensión del embarazo, con todas las garantías que la salud pública les brinda.
Es muy importante señalar que la despenalización no fomenta la interrupción del embarazo, pero sí garantiza que la mujer que tome esa difícil decisión la lleve a cabo sin poner en riesgo su vida, con independencia de su nivel socioeconómico, raza, religión o condición civil.
En definitiva, la reforma fue y sigue siendo ejemplar: atiende el problema de embarazo no deseado o no planeado, garantiza el acceso gratuito a servicios públicos para el proceso clínico de una interrupción legal del embarazo y, al mismo tiempo, obliga al gobierno a implementar programas preventivos e informativos y a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos confiables y seguros.
Es fundamental señalar, por último, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de casi 20 horas de análisis y discusión, el pasado 28 de agosto de 2008 resolvió sobre la constitucionalidad de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación en el Distrito Federal.
La resolución en comento reconoció que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencias para emitir las normas jurídicas correspondientes, que no violentó ninguna garantía constitucional, que actuó conforme a los requerimientos necesarios de técnica legislativa y que no generó incertidumbre jurídica alguna.
Señoras y señores legisladores:
Las condiciones sociales y, sobre todo, médicas asociadas a las interrupciones de embarazo que ocurren en nuestro país deben cambiar sustancialmente. Debemos, sociedad y gobierno, ser capaces de generar arreglos institucionales que protejan en primerísima instancia a las mujeres, y que también fortalezcan su derecho a decidir en un contexto de libertad y respeto.
La reciente y favorable resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación en el Distrito Federal, y la oportunidad que supone que este 28 de septiembre se ha establecido como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, son el marco ideal para que el Congreso que usted preside inicie los preparativos y las negociaciones correspondientes a fin de que las reformas que tuvieron lugar en la ciudad de México, se conviertan en una realidad en otras latitudes del país.
Es el Poder Legislativo, en el ejercicio pleno de su autonomía, quien debe asumir el reto para que las mujeres no sean tratadas nunca más como menores de edad, a quienes debe decirse qué hacer y qué no, negándoles el derecho a que, una vez contando con la información necesaria, tomen decisiones que atañen únicamente a sus vidas y a su desarrollo personal.
En el Partido Socialdemócrata estamos convencidos de que la maternidad es una elección, y no un destino, y que la construcción de familias plenas construye sociedades plenas. En el PSD estamos por el derecho a decidir en un marco de libertad y respeto.
Atentamente
NELSON BAÑOS MOGUEL
Presidente Estatal del PSD