De cara al proceso electoral que Tabasco vivirá en octubre próximo ni la crisis ni las críticas de democracia cara con la que contamos, sirvió para que los legisladores locales aplicaran una verdadera reforma electoral que además de adecuar la legislación local a la nacional, pudiera haberse innovado en la materia.
Aun y cuando los actores políticos y los propios consejeros del IEPCT propusieron la desaparición de las Juntas Municipales en la figura legal cuando se estaba elaborando la actual Ley Electoral del Estado de Tabasco, está sigue ahí aun y cuando no tiene gran labor.
De acuerdo a los ordenamientos que en ese punto específico no varía notablemente del anterior COIPET, en el año de la elección el Instituto Electoral creará representaciones territoriales llamadas juntas Distritales para los 22 Distritos Locales y Municipales para los 17 municipios con los que cuenta el Estado, es decir tiene que contratar lo necesario para el funcionamiento de las mismas; llámese equipo de oficina, renta de 39 inmuebles, adecuaciones, cuando menos 2 vehículos y por supuesto la estructura burocrática para su funcionamiento.
Son la Juntas Distritales las que realizan la mayor parte del trabajo ya que determinan el numero y ubicación de casillas, seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, reciben las boletas electorales, las cuentan, firman sellan y distribuyen en las casillas además que cuentan los votos de Diputados locales y de Gobernador si es que hay elección de este ultimo.
En Tanto las Juntas Municipales únicamente registran candidatos a regidores y cuentan sus votos, resultando una figura ociosa que solo representa mayor inversión y que en la práctica ha servido como agencia empleadora para los amigos de los Consejeros Electorales Estatales.
No obstante de no ser eliminados las Figura de Consejo y Junta Municipal con ese afán de “austeridad” en la nueva ley se modificó para que de 7 consejeros con los que operaba el Consejo Distrital (que es el que mas carga de trabajo representa) solo sean 4, con lo que se verá mermada su productividad máxime en tareas que requieren de sesiones permanentes que llegan a durar más de 72 horas continuas como es el caso del sellado y firmado de todas y cada una de las boletas que habrán de utilizarse.
Las Juntas y Consejos Municipales seguirán sirviendo para pocas cosas, generando fuertes erogaciones económicas y muy probablemente se repita; como en el proceso local de 2006 un reparto de estas; donde los Consejeros estatales podrán colocar a sus recomendados teniendo con esto un control discrecional de las decisiones que ahí se tomen convirtiéndolas en cotos de poder interno.
Además de todo esto, los funcionarios de casilla.- esos ciudadanos que tanto cuesta convencer de que participen, porque sienten que la política está degradada; tendrán que entregar el día de las elecciones sus paquetes en 2 lugares distintos generando con esto mayores problemas en la logística de su traslado así como riesgos hasta personales para quienes que decidan ser funcionarios de casilla.
Nada les hubiese costado a los legisladores haber seguido las recomendaciones de modificar este aspecto más en estos tiempos que se debe ahorrar el dinero de los contribuyentes o bien invertirlo en innovación como podría ser algún programa piloto de votación electrónica como ya ocurre en otros países y algunos estados.
¿Y por qué no? también haber legislado para que sea el propio Instituto y no una empresa quien realice el Programa de Resultados Electorales Preliminares toda vez que la asignación del contrato vuelve a prestarse a suspicacias de negocio por parte de los consejeros estatales y funcionarios que participan en la licitación.
Buen deseo es que los recién nombrados Consejeros Electorales Estatales no terminen contaminándose con esta práctica que una mala ley provoca, y que no se repartan estas Juntas cual pastel de cumpleaños, no para supervisar los trabajos si no para adjudicarse para sus recomendados los espacios burocráticos y las adquisiciones de materiales y servicios que genera la instalación de estas oficinas en todo el Estado.
Aun y cuando los actores políticos y los propios consejeros del IEPCT propusieron la desaparición de las Juntas Municipales en la figura legal cuando se estaba elaborando la actual Ley Electoral del Estado de Tabasco, está sigue ahí aun y cuando no tiene gran labor.
De acuerdo a los ordenamientos que en ese punto específico no varía notablemente del anterior COIPET, en el año de la elección el Instituto Electoral creará representaciones territoriales llamadas juntas Distritales para los 22 Distritos Locales y Municipales para los 17 municipios con los que cuenta el Estado, es decir tiene que contratar lo necesario para el funcionamiento de las mismas; llámese equipo de oficina, renta de 39 inmuebles, adecuaciones, cuando menos 2 vehículos y por supuesto la estructura burocrática para su funcionamiento.
Son la Juntas Distritales las que realizan la mayor parte del trabajo ya que determinan el numero y ubicación de casillas, seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, reciben las boletas electorales, las cuentan, firman sellan y distribuyen en las casillas además que cuentan los votos de Diputados locales y de Gobernador si es que hay elección de este ultimo.
En Tanto las Juntas Municipales únicamente registran candidatos a regidores y cuentan sus votos, resultando una figura ociosa que solo representa mayor inversión y que en la práctica ha servido como agencia empleadora para los amigos de los Consejeros Electorales Estatales.
No obstante de no ser eliminados las Figura de Consejo y Junta Municipal con ese afán de “austeridad” en la nueva ley se modificó para que de 7 consejeros con los que operaba el Consejo Distrital (que es el que mas carga de trabajo representa) solo sean 4, con lo que se verá mermada su productividad máxime en tareas que requieren de sesiones permanentes que llegan a durar más de 72 horas continuas como es el caso del sellado y firmado de todas y cada una de las boletas que habrán de utilizarse.
Las Juntas y Consejos Municipales seguirán sirviendo para pocas cosas, generando fuertes erogaciones económicas y muy probablemente se repita; como en el proceso local de 2006 un reparto de estas; donde los Consejeros estatales podrán colocar a sus recomendados teniendo con esto un control discrecional de las decisiones que ahí se tomen convirtiéndolas en cotos de poder interno.
Además de todo esto, los funcionarios de casilla.- esos ciudadanos que tanto cuesta convencer de que participen, porque sienten que la política está degradada; tendrán que entregar el día de las elecciones sus paquetes en 2 lugares distintos generando con esto mayores problemas en la logística de su traslado así como riesgos hasta personales para quienes que decidan ser funcionarios de casilla.
Nada les hubiese costado a los legisladores haber seguido las recomendaciones de modificar este aspecto más en estos tiempos que se debe ahorrar el dinero de los contribuyentes o bien invertirlo en innovación como podría ser algún programa piloto de votación electrónica como ya ocurre en otros países y algunos estados.
¿Y por qué no? también haber legislado para que sea el propio Instituto y no una empresa quien realice el Programa de Resultados Electorales Preliminares toda vez que la asignación del contrato vuelve a prestarse a suspicacias de negocio por parte de los consejeros estatales y funcionarios que participan en la licitación.
Buen deseo es que los recién nombrados Consejeros Electorales Estatales no terminen contaminándose con esta práctica que una mala ley provoca, y que no se repartan estas Juntas cual pastel de cumpleaños, no para supervisar los trabajos si no para adjudicarse para sus recomendados los espacios burocráticos y las adquisiciones de materiales y servicios que genera la instalación de estas oficinas en todo el Estado.
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